La Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa es la norma que regula el funcionamiento de los tribunales que tienen competencia para resolver conflictos entre la administración pública y los ciudadanos. En España, esta ley está recogida en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Esta ley establece las normas que rigen el proceso contencioso administrativo, es decir, el procedimiento mediante el cual se tramitan y resuelven los recursos presentados por los ciudadanos contra actos administrativos que consideran lesivos para sus derechos o intereses. Además, también regula los recursos que pueden interponer las administraciones públicas contra decisiones de otros organismos administrativos.
La ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece las competencias de los órganos judiciales encargados de resolver este tipo de conflictos, así como las normas procesales que deben seguirse durante el desarrollo del procedimiento. También regula cuestiones como los plazos para interponer los recursos, las pruebas que pueden presentarse en el juicio o las medidas cautelares que pueden adoptarse para proteger los derechos de las partes mientras se resuelve el conflicto.
En resumen, la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa tiene como objetivo garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos frente a la administración pública, proporcionando un marco legal para resolver los conflictos que puedan surgir entre ambas partes.
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